PROCESAL

PREJUDICIALIDAD PENAL Y SOCIAL TRAS LA PUBLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE JURISDICCIÓN SOCIAL


 

José Ángel Folguera Crespo

 

Magistrado de lo Social - Juzgado n.º 30 Madrid

 

Artículo 86. Prejudicialidad penal y social

 

1. En ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos.

 

2. En el supuesto de que fuese alegada por una de las partes la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o condicione directamente el contenido de ésta, continuará el acto de juicio hasta el final, y en el caso de que el juez o tribunal considere que el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, acordará la suspensión de las actuaciones posteriores y concederá un plazo de ocho días al interesado para que aporte el documento que acredite haber presentado la querella. La suspensión durará hasta que se dicte sentencia o auto de sobreseimiento en la causa criminal, hecho que deberá ser puesto en conocimiento del juez o tribunal por cualquiera de las partes.

 

3. Si cualquier otra cuestión prejudicial penal diera lugar a sentencia absolutoria por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo, quedará abierta contra la sentencia dictada por el juez o Sala de lo Social la vía de la revisión regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

4. La tramitación de otro procedimiento ante el orden social no dará lugar a la suspensión del proceso salvo en los supuestos previstos en la presente Ley, sin perjuicio de los efectos propios de la litispendencia cuando se aprecie la concurrencia de dicha situación procesal. No obstante, a solicitud de ambas partes, podrá suspenderse el procedimiento hasta que recaiga resolución firme en otro procedimiento distinto, cuando en éste deba resolverse la que constituya objeto principal del primer proceso.



1.MODIFICACIONES EN LA REGULACIÓN PROCESAL DE LA PREJUDICIALIDAD SUSPENSIVA

 

No contiene otras novedades este artículo respecto de su homólogo en el texto de la Ley de Procedimiento Laboral que la adición de un nuevo número 4, en el que se regula la posible cuestión prejudicial suspensiva ante el propio orden social, lo que se hace en sentido sumamente restrictivo. De acuerdo con el artículo 10 LOPJ, a los solos efectos prejudiciales cada orden jurisdiccional puede conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente. Solamente la cuestión prejudicial penal, de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento. Sobre esta regla general, en el orden procesal laboral desde siempre la prejudicialidad penal suspensiva ha sido la única admitida con tal carácter, y además de modo sumamente restrictivo, por lo que, sin perjuicio de la posible recepción en el orden procesal laboral de la deducción de testimonio para su remisión al Fiscal cuando se constate un hecho con posibles caracteres de delito (artículo 40.1 LEC), la suspensión solamente es posible si se tacha de falsedad un documento, y se constatan las circunstancias, sumamente restrictivas, de que tenga el mismo notoria influencia en el pleito, porque no pueda prescindirse de la resolución de la causa criminal para la debida decisión o condicione directamente el contenido de ésta, y si el juez o tribunal considera que el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, en cuyo caso prosigue el juicio y a su término se concede a la parte autora de la tacha plazo para interponer querella criminal, que de acreditarse documentalmente da lugar a la suspensión del proceso hasta que recaiga resolución en el proceso penal. En lo que no se refiera a la tacha de falsedad documental y además condicionante directa, otros pronunciamientos penales pendientes solamente podrían abrir paso a la revisión ulterior de la sentencia.

 

2. CONOCIMIENTO PREJUDICIAL DE OTRAS MATERIAS

 

El juez social puede conocer de las materias propias de otros órdenes, si bien con carácter incidental (incidenter tantum), es decir, sin proyección fuera del proceso concreto (artículo 42.2 LEC), y en estricta relación con el objeto propio del proceso laboral de que se trate. El artículo 4 LRJS, sobre competencia funcional por conexión, reitera en su núm. 1 que la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá al conocimiento y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a dicho orden, que estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvo lo previsto en el apartado 3 de este artículo y en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Del mismo modo, indica (núm. 2) que las cuestiones previas y prejudiciales serán decididas en la resolución judicial que ponga fin al proceso y, según la regla general propia igualmente del proceso civil, la decisión que se pronuncie no producirá efecto fuera del proceso en que se dicte. Asimismo, anuncia la regulación posterior en el mismo texto procesal, en el artículo 86.2 LRJS ahora objeto de comentario, reforzando aún más el carácter restrictivo de la suspensión (núm. 3: «Hasta que las resuelva el órgano judicial competente, las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión sólo cuando se basen en falsedad documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictarla»).

 

3. LA PREJUDICIALIDAD LABORAL SUSPENSIVA

 

Ahora bien, la promulgación de la LEC 2000, cuyo artículo 43 crea la novedosa figura de la cuestión prejudicial civil suspensiva (cuestión que constituya el objeto principal de otro proceso seguido ante el mismo u otro tribunal civil) generó la duda de si procedería la suspensión con carácter preceptivo aun de no existir litispendencia en casos vinculados materialmente entre sí seguidos ante distintos órganos jurisdiccionales. La nueva LRJS opta por la fórmula de restringir absolutamente la prejudicialidad laboral suspensiva, excepto que exista formal litispendencia, admitiendo solamente la suspensión convenida en tales otros casos, según la alternativa del artículo 42.3 LEC prevista para el caso de que exista prejudicialidad respecto de otros órdenes sin efectos de suspensión preceptivos. En estos casos, si existe expresa previsión legal o lo piden ambas partes (o una de ellas con consentimiento de la otra, que una misma cosa es) el órgano jurisdiccional suspende la tramitación del proceso hasta que la cuestión se resuelva por el órgano administrativo o jurisdiccional que esté conociendo de la cuestión.

 

En el proceso laboral, condicionado por principios esenciales de celeridad y oficialidad, se recibe muy limitadamente por tanto la prejudicialidad laboral -equivalente a la civil- suspensiva. La suspensión del procedimiento está prevista en el artículo 138.3 LPL, hoy 138 LRJS, para el caso de los procesos individuales seguidos contra una decisión empresarial de movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones impugnada en paralelo por la vía de conflicto colectivo. La tramitación de conflicto colectivo (artículo 160.5 LRJS), además de que la sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquél, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo, ocasiona efecto de suspensión de tales procesos durante la tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará, según el mismo precepto, aunque hubiere recaído sentencia de instancia y estuviere pendiente el recurso de suplicación y de casación, vinculando al Tribunal correspondiente la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, incluso aunque en el recurso de casación unificadora no se hubiere invocado aquélla como sentencia contradictoria.

 

4. CUESTIONES DE ESTRICTA CONEXIDAD Y DEPENDENCIA

 

Conviene recordar, por último, que la doctrina constitucional de amparo ha elaborado, en relación con la igualdad en la aplicación de la ley y la proyección de la cosa juzgada material, las denominadas cuestiones con «estricta conexión y dependencia» (STC 2-07-2001) según cuya doctrina, si se desconociera el efecto de la cosa juzgada material, se privaría de eficacia a lo que se decidió con firmeza en el proceso, lesionándose así la paz y seguridad jurídicas de quien se vio protegido judicialmente por una Sentencia dictada en un proceso anterior entre las mismas partes (SSTC 77/1983, 159/1987, 119/1988, 189/1990, 242/1992, 135/1994, 87/1996, 106/1999, 190/1999 y 55/2000). Por ello los órganos jurisdiccionales han de ajustarse a lo juzgado en un proceso anterior cuando hayan de decidir sobre una relación o situación respecto de la cual la Sentencia recaída se encuentre en estrecha conexión. Este efecto no sólo puede producirse con el desconocimiento por un órgano judicial de lo resuelto por otro en supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada (artículo 1252 CC, hoy derogado por la LEC 2000 y sustituido por el artículo 222 de dicha Ley), sino que «también se produce cuando se desconoce lo resuelto por sentencia firme en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia, aunque no sea posible apreciar el efecto mencionado en el referido artículo 1252 CC (SSTC 171/1991; 219/2000)», hoy en el artículo 222 LEC, aun sin entrar en la cuestión de si hoy se sigue exigiendo la triple identidad a pesar de la derogación del artículo 1252 CC, tesis no fácil de sostener ante la rotundidad y claridad de la determinación legislativa y la existencia de otros preceptos que presumen (iuris et de iure, sin posibilidad de prueba en contrario) coincidente la fundamentación jurídica de dos procesos sucesivos (artículo 400 LEC). Hay que recordar también la doctrina constitucional sobre los reglamentos de régimen interior impugnados en sede contencioso administrativa y en general sobre la impugnación de acuerdos reglamentarios en sede jurisdiccional administrativa y su incidencia en los procesos laborales individuales que pudieran seguirse durante el proceso contencioso administrativo seguido sobre la disposición general impugnada, hoy especialmente necesaria de recordar ante las nuevas materias a conocer por los juzgados y tribunales del orden social, puesto que se conocerá de actos administrativos eventualmente reglamentados en disposición general que puede estar siendo impugnada en paralelo. Las conclusiones generales de aquella doctrina, sobre la plenitud de conocimiento de los tribunales laborales hasta tanto recaiga sentencia firme en el orden contencioso administrativo en torno al reglamento o disposición, pero vinculación final a lo resuelto, aun por otro orden jurisdiccional (stare decisis), en lo que constituye una matizada recepción de principios propios de otros sistemas jurídicos de precedente judicial (cuya recepción e integración por otra parte resulta inevitablemente de los procesos de convergencia en el ordenamiento social comunitario) pueden estimarse vigentes. Hay que recordar igualmente que estos criterios doctrinales estuvieron en su día en el origen de un precepto legal (artículo 230 LPL, luego artículo 231 LPL, y hoy artículo 233 LRJS) que permite, aun después de conclusos los autos y dictada sentencia, aportar durante el recurso elementos de conocimiento para evitar la vulneración de un derecho fundamental, con origen explícito en la STC 158/85, en la que se otorga el amparo ante una sentencia laboral que había impuesto el recargo por falta de medidas de seguridad, cuando durante la tramitación del recurso fue anulada la resolución sancionadora dictada por la autoridad administrativa al mismo sujeto responsable y el tribunal de suplicación consideró que no procedía la introducción de tal cuestión en el recurso al haber quedado conclusos los autos.

 

Extraído de la monografía "Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social" (2.ª edición)

 

 

ASPECTOS DESTACADOS DE LA LEY 37/2011, DE 10 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PROCESAL


 

INTRODUCCIÓN



La Constitución reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los Tribunales dentro de un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. El artículo 9.2 impone a los poderes públicos la obligación de disponer los medios necesarios, tanto normativos como materiales y personales para que el derecho a la tutela judicial se garantice a todos los ciudadanos.



El aumento de la litigiosidad ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir profundas reformas para asegurar las sostenibilidad del sistema y garantizar que los ciudadanos puedan disponer de un servicio público de calidad.



La presente Ley continúa la línea de reformas procesales iniciada con anterioridad, tratando de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable.



OBJETO DE LA LEY



El objeto de esta ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros Tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal. Algunas de estas medidas están encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o sustituirlos por otros más breves, y otras a limitar el uso abusivo de instancias judiciales.



MEDIDAS GENERALES



1.  Orden Penal



Las modificaciones aprobadas son las relativas a las implicaciones procesales del régimen deresponsabilidad penal de las personas jurídicas exigidas por la reforma del Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.



Las novedades afectan a aspectos relacionados con:



— el régimen de la competencia de los tribunales,



— el derecho de defensa de las personas jurídicas,



— la intervención en el juicio oral y conformidad,



— la rebeldía.



Se regulan aspectos básicos procedimentales relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre los que cabe destacar:



—  la citación (en el domicilio social de la persona jurídica); si el domicilio social se desconociera, la persona jurídica imputada será llamada mediante requisitoria publicada en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial del Registro Mercantil;



— la comparecencia (con el representante especialmente designado);



—  la información judicial de las personas jurídicas imputadas;



— la adopción de medidas cautelares, previa petición de parte y celebración de vista;



— la posibilidad de que la persona jurídica esté representada para un mejor ejercicio del derecho de defensa.



2.  Orden Contencioso-Administrativo



Los puntos destacados en el orden contencioso-administrativo son los siguientes:



En cuanto a los órganos y sus competencias, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo van a conocer de todas la resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, por tanto, en este punto, se amplía a los órganos de las Comunidades Autónomas, que en la anterior regulación no eran competentes.



En el procedimiento en primera y única instancia, destaca, en cuanto a la prueba, el cambio en el plazo para su práctica, ya que con la nueva regulación podemos hablar de que la prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta días, con la regulación derogada se hablaba de un plazo de quince días para proponer y treinta para practicar.



En el procedimiento abreviado, la cuantía de los asuntos de los que podrán conocer pasa de los 13.000 euros a los 30.000.



Recurso ordinario de apelación, las sentencias dictadas para aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros, siendo esta cantidad en la regulación derogada de 18.000.



Recurso de casación, la cuantía mínima para recurrir en casación pasa de los 150.000 a los 600.000 euros, y de 18.000 a 30.000 en recursos de casación para la unificación de doctrina.



Costas procesales, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, aunque ante una estimación o desestimación parcial, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.



3.  Orden Civil



En el Orden Civil se han producido importantes y significativas modificaciones encaminadas a la supresión de trámites innecesarios y a agilizar el procedimiento. Cabe destacar entre ellas las siguientes:



Se incluye expresamente dentro del concepto de costas del proceso el importe de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya que es un gasto necesario para demandar.



Los juicios de desahucio por falta de pago se sustanciarán por el juicio monitorio. Si el arrendatario no desaloja, paga o formula oposición tras el requerimiento, se pasa directamente al lanzamiento, cuya fecha se le comunica en el mismo requerimiento.



Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía, cuando ésta no supere los 3.000 euros.



Se suprime el trámite de preparación de los recursos devolutivos.



Sólo serán recurribles en casación ante el Tribunal Supremo las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros y cuando la cuantía del proceso no excediere de esta cantidad o éste se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.



Las tercerías de dominio y mejor derecho se sustanciarán por el juicio verbal, evitándose así dilaciones indebidas en la ejecución.



En relación con los procesos especiales para la tutela del crédito se incorpora el arrendamiento de bienes muebles (renting) en el proceso verbal, proporcionándose una importante reducción de costes y tiempo en cuanto a la reclamación de deudas y recuperación de los bienes entregados en arrendamiento.



Se introduce la preferencia en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, en los casos en que alguno de los interesados sea menor, incapacitado o esté en situación de ausencia legal.



Se suprime el límite cuantitativo del proceso monitorio (antes 250.000 euros), equiparándolo así al proceso monitorio europeo.



MODIFICACIÓN NORMATIVA:



Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882: Arts. 14 bis; 119; 120; 409 bis; 544 quáter; 554; 746; 786 bis; 787.8 y 839 bis.



Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles: DA 1.ª.



Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Arts. 8.4; 14.1; 60.1, 2 y 4; 78.1 y 3; 81.1.a); 86.2.b); 96.3; 99.2; 104; 135 y 139.1.



Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: Arts. 22.4; 26.2; 241.1; 250.1; 439.4; 440.3 y 4; 441.4; 449; 454 bis 1; 455.1; 457; 458; 463.1; 470; 471; 473; 477.2; 478; 479; 480; 481; 483.2; 495; 517.2; 527.1; 535.2; 548; 556.1; 563.1; 579; 599; 617.1; 651; 744.1; 753.3; 812.1; DA 6.ª y DF 16.ª.



Ley 53/2002; de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: Art. 35. seis.1.


REFORMA DE LA LEY CONCURSAL: ASPECTOS DESTACADOS DE LA LEY 38/2011


 

ANTECEDENTES



La Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal supuso un hito en nuestro sistema del Derecho de la insolvencia, basándose a partir de esta norma en los principios de unidad legal, de disciplina y de procedimiento, de modo que se diseña un nuevo sistema unitario e igual para profesionales y empresarios, tanto personas física como jurídicas, regulado en una única norma, y con una Jurisdicción especializada (Juzgados de lo Mercantil).



El tiempo en el que se ha venido aplicando esta regulación junto con la dificultad en la situación económica actual han puesto de manifiesto algunos resultados disfuncionales en los efectos de la aplicación de la norma que no logra cumplir con el objetivo marcado: conservación de la situación empresarial y profesional del concursado.



Esta norma ya ha sido reformada con anterioridad en dos ocasiones:



- Por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal.



- Por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.



OBJETIVOS



Se pretende, con la reforma que ahora analizamos, aportar al instituto del concurso una mayor seguridad jurídica, la apertura de nuevas vías alternativas que consigan el equilibrio entre la viabilidad de la empresa y la necesaria garantía judicial, el impulso de los medios electrónicos, así como la simplificación y la agilización procesal y la mejora de la posición de los trabajadores.



ASPECTOS DESTACADOS



Las medidas de la reforma se orientan en varias líneas de actuación::



Profundizan en las alternativas al concurso:



—Institutos preconcursales - acuerdos de refinanciación: Posibilidad de notificar al juez del concurso, antes de su declaración, el inicio de negociaciones para acuerdo de refinanciación o propuesta anticipada de convenio (art. 5 bis).



—Suspensión de la ejecución cuando se notifica que se está negociando con los acreedores.



—Homologación judicial del acuerdo, aplicable a los acreedores disidentes con ciertos requisitos.



—Privilegio del dinero nuevo: los créditos nacidos con posterioridad a la declaración del concurso son créditos contra la masa.



Agilizan la solución de la insolvencia en el tiempo, simplificando y recortando algunos plazos del procedimiento:



—Anticipación de la liquidación: se facilita la apertura de esta fase, tramitando de manera rápida los concursos en los que el deudor solicita la liquidación en los primeros momentos.



—Regulación de un verdadero concurso abreviado, con soluciones más rápidas y económicas cuando concurran determinadas circunstancias.



—Soluciones específicas en la fase común y en el convenio, para evitar la formación de la sección de calificación.



—Tramitación más rápida del incidente concursal: preferencia de la tramitación escrita sobre la celebración de vista.



—Mejora del régimen de la publicidad registral del concurso.



Favorecen la solución conservativa del concurso:



—Reforzamiento de la posibilidad de realizar modificaciones estructurales durante el concurso.



—Consideración de créditos contra la masa de los nacidos tras la aprobación judicial del convenio.



—Posibilidad de adquirir créditos concursales con derecho a voto aunque solo por entidades sometidas a supervisión financiera.



Mejoran notablemente la protección de los trabajadores afectados:



—Se modifica el procedimiento de los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de las relaciones laborales para evitar conflictos con la jurisdicción social y con la autoridad laboral y para incrementar el peso del impacto del concurso sobre los trabajadores a la hora de su valoración.



—Se resuelven las dudas jurídicas sobre la calificación de los créditos salariales e indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral como créditos contra la masa.



—Se regula expresamente la subrogación legal del FOGASA en los créditos salariales e indemnizaciones cuyo pago anticipe a los trabajadores en el marco del art. 33 del ET.



Apuestan por una mayor profesionalización de los administradores concursales:



—Aumentan sus funciones y su responsabilidad.



—Refuerza los requisitos para ser nombrado administrador por la necesidad de acreditar experiencia en el ámbito concursal.



—Se extienden los supuestos en los que la administración concursal está integrada por un único miembro.



—Se reconoce a la persona jurídica como posible administrador concursal, en tanto que algunas de sus formas, como es la sociedad profesional, puede favorecer el ejercicio de esta función.



—Se regula, para los concursos de más trascendencia definidos por la ley, la participación de un acreedor significativo.



Precisan o aclaran el régimen jurídico de algunos aspectos concretos del concurso:



—Respecto a la responsabilidad de los administradores, armoniza los diferentes sistemas de responsabilidad de los administradores: por los daños a las sociedad y por el déficit en la liquidación.



—Refuerza el régimen de los concursos conexos en relación, sobre todo, con los grupos de sociedades.



—Se fija un orden de pago de los créditos contra la masa en caso de que resulte insuficiente la masa activa (concursos sin masa).



—Se suaviza el rigor de la incompatibilidad para ejercer el comercio.



—Se determinación del régimen jurídico especial aplicable a las entidades deportivas (nueva DA 2.ª bis): la sujeción a la Ley Concursal no impedirá la aplicación de la normativa deportiva que regula la competición.



—Se reforma la Ley Tributaria (art. 164) para coordinar la actuación de la administración tributaria en los casos de concurso.



—Se reforma la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido: la enajenación de bienes inmuebles en fase común o de liquidación, se liquidará a efectos del IVA por su adquirente aplicando el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.



Con todas estas medidas se trata de normalizar el papel del concurso con el que cumple en los países de nuestro entorno, para que no sea un estigma para el concursado, y se constituya como un instrumento al servicio de la viabilidad y dinamización del tejido empresarial.



ENTRADA EN VIGOR



Con carácter general, el 1 de enero de 2012.



El 12 de octubre de 2011 entrará en vigor la nueva redacción de los siguientes artículos de la Ley Concursal:



—El artículo 5 bis: Nuevos efectos de la comunicación por el deudor de las negociaciones sobre acuerdos de refinanciación y propuestas anticipadas de convenio.



—El artículo 15: Efectos de la presentación de varias solicitudes de concurso por varios legitimados.



—El artículo 71.6 y 7: Régimen jurídico de la rescisión de institutos preconcursales.



—El artículo 84.2.11.º: Consideración de créditos contra la masa del 50% de los que supongan nuevos ingresos de tesorería y deriven de un acuerdo de refinanciación.



—El artículo 91.6.º: Consideración de créditos con privilegio general de los que supongan nuevos ingresos de tesorería y deriven de un acuerdo de refinanciación, en la cuantía no reconocida como crédito contra la masa.



—La disposición adicional cuarta: Homologación de los acuerdos de refinanciación.

 

 

 

NOVEDADES DE LA LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL


 

OBJETIVOS



- Concentrar en el orden social, dada su mayor especialización, el conocimiento de todas aquellas materias, que de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse como sociales.



- Agilizar el procedimiento a través de su modernización y simplificación.



- Mejorar las técnicas y la adaptación a la normativa vigente, para evitar dispersión normativa y la dificultad de localizar los preceptos aplicables.



- Dar cumplimiento a lo previsto en la Ley de Reforma el Mercado de Trabajo, que encomendaba al Gobierno la aprobación de un Proyecto de Ley en el que se atribuyera al orden social los recursos de la autoridad laboral en los procedimientos de suspensión temporal del contrato de trabajo, reducción de jornada y despidos colectivos.




NOVEDADES RESPECTO A LA UNIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN EL ORDEN SOCIAL



En materia de prevención de riesgos laborales [artículo 2.e)]:



- Todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo, enjuiciando a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el trabajador, en el marco laboral o en conexión directa con él.



- La garantía del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aunque no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos.



- Las cuestiones relativas a los órganos de representación de personal: Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud.



La asignación se produce con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, que deberán plantear sus reclamaciones ante el orden social, en igualdad de condiciones que un trabajador por cuenta ajena.



En materia de derechos fundamentales y libertades públicas [artículo 2.f)]:



- Es el principal garante de los derechos fundamentales y libertades públicas en el ámbito de la relación de trabajo. Ejemplo: casos de acoso laboral.



- Conocerá de todas las pretensiones deducidas contra el empresario o terceros, siempre que la actuación de estos últimos tenga conexión con la relación laboral.



En materia de impugnación de los actos administrativos dictados en materia laboral y de Seguridad Social [artículo 2.o)]:



- Resoluciones contractuales colectivas por causas objetivas.



- Valoración, reconocimiento y calificación de grado de discapacidad.



- Promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia [tres años para que el Gobierno presente el correspondiente proyecto de Ley (DF 7.ª)].



- Se regula una nueva modalidad procesal partir de una demanda contencioso-laboral, que sirve de cauce para la impugnación de los actos administrativos en materia laboral.



En reclamaciones de los TRADE [artículo 2.d)]:



- En relación con su régimen profesional.



- Litigios por los daños sufridos en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.



Materias excluidas (artículo 3):



- En materia de concurso mantiene la competencia el orden Civil y en materia de recaudación de cuotas y actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social, mantiene la competencia el orden Contencioso-Administrativo.



- Determinación de los servicios esenciales y los porcentajes mínimos de personal en caso de huelga.



- Cuestiones entre empresario y terceros obligados a la coordinación de actividades preventivas u organización de los servicios de prevención.




NOVEDADES SOBRE CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA PROCESALES



Reconocimiento de la legitimación pasiva a las comunidades de bienes y grupos sin personalidad que actúen como empresarios (artículo 16.5).



Sindicatos (artículo 17.2):



- Están legitimados para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos, siempre que exista vínculo entre el sindicato y el objeto del pleito. Se facilita la atribución de capacidad procesal a la representación unitaria o sindical cuando la demanda pueda afectar a todos o la mayor parte de los trabajadores de una empresa (artículo 19.5).



- A través del proceso de conflicto colectivo podrán actuar:



. En defensa de los derechos e intereses de una pluralidad de trabajadores indeterminada.



. En defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres en todas las materias atribuidas al orden social.



- Exención expresa a favor de los sindicatos de efectuar depósitos y consignaciones en sus actuaciones y gozarán del beneficio de justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores o beneficiarios de la Seguridad Social (artículo 20).



- Exención en el pago de las costas (artículo 235).



Funcionarios públicos o personal estatutario



- En su actuación ante el orden jurisdiccional social como empleados públicos gozarán del derecho a la asistencia jurídica gratuita, en los mismos términos que los trabajadores y beneficiarios del sistema de la Seguridad Social (artículo 21.5).



- Estarán exentos del pago de las costas (artículo 235).



Cuando la parte demandada está integrada por más de diez sujetos, se debe designar un representante común (artículo 19.2).



En virtud del principio de notificación a los organismos públicos de las resoluciones que pudieran depararles perjuicios, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) dispondrá de plenas facultades de actuación en el proceso como parte (artículo 23.3).




MEDIDAS PARA MODERNIZACIÓN Y AGILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO



Tras la implantación de la nueva Oficina Judicial



- Nuevas funciones de los secretarios judiciales: comprobación de la concurrencia de los requisitos procesales, sin distinguir entre defectos sustantivos o formales. Advertir a las partes de los defectos en la demanda, así como en los documentos de preceptiva aportación. Ante la falta de jurisdicción o competencia, dar cuenta al juez para que resuelva lo que proceda.



- Se prevén procedimientos de señalamiento inmediato de la vista (artículo 82).



- En formulación de peticiones iniciales monitorias, en supuestos de presumible determinación, liquidez y falta de controversia de la deuda y con aportación de un principio de prueba, en caso de oposición, dará lugar a la conversión del procedimiento en ordinario.



- Se añaden nuevos procesos en los que los días del mes de agosto deben considerarse hábiles (artículo 43).



- Sustitución de la entrega de material en las actuaciones por su acceso informático o entrega en soportes informáticos. Introducción de procedimientos telemáticos de comunicación (artículo 44).



Acumulación de acciones:



- En reclamaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se podrán acumular todas las pretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios derivadas de un mismo hecho (artículo 25.5).



- El actor podrá acumular en su demanda las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismoacto o resolución administrativa, o se refieran a varios con conexión directa entre ellos (artículo 25.6).



- Se prevé el planteamiento y resolución conjunta de acciones de despido y de salarios pendientes de abono (artículo 26.3).



- En el caso de los TRADE, si se acciona por despido, alegando la existencia de relación laboral, se podrá acumular a la demanda contra la decisión del cliente de extinguir la relación, y para el caso de desestimación de la primera. La misma regla de acumulabilidad rige en caso contrario: cuando se alegue como principal la relación de autónomo y subsidiariamente la laboral (artículo 26.5).



Proceso monitorio



- En reclamaciones individuales frente a empresarios que no se encuentren en concurso referidas a cantidades vencidas, derivadas de la relación laboral, así como las que se interpongan contra entidades gestoras o colaboradoras que nos excedan de 6.000 €, el trabajador podrá iniciar el procedimiento monitorio (artículo 101).



Transformación del proceso a la modalidad adecuada



- Regla general de transformación del proceso a la modalidad adecuada y excluyendo pronunciamientos absolutorios por inadecuación de procedimiento y la remisión a un ulterior proceso.



Práctica de prueba



- El juez o tribunal resolverá sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y naturaleza y clase de cada una de ellas (artículo 87.2).



- Se introducen normas para lograr una mayor certeza y mayores garantías para la defensa: normas específicas sobre procesos complejos para mantener la oralidad sin indefensión en el examen y práctica de la prueba y conclusiones, evitar las meras ratificaciones innecesarias del personal médico o inspector en sus previas intervenciones durante la tramitación administrativa, así como las pruebas testificales de escaso valor probatorio (artículos 90 y siguientes).



- Nuevas reglas sobre la carga probatoria, en especial en materia de accidentes de trabajo: los deudores de seguridad deberán probar la adopción de las medidas para prevenir o evitar el riesgo. No es elemento que exonere de responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que obedece al ejercicio habitual del trabajo o la confianza que este inspira (artículo 96.2)



Sentencias orales:



- Se han simplificado los supuestos en que procede dictar sentencia oral: relacionándolos directamente con procesos o modalidades en que por la materia o la cuantía no proceda recurso de suplicación (artículo 50).



 



NOVEDADES PARA LA EVITACIÓN DEL PROCESO



- Se refuerza la conciliación extrajudicial o la mediación y el arbitraje (artículo 64.3). A la conciliación previa se ha adicionado la mediación y los laudos arbitrales. En caso de que una de las partes no comparezca en el acto obligatorio de conciliación o mediación, no se impondrá multa como ocurría anteriormente, sino las costas, hasta el límite de 600 € (artículo 66.3). La transacción judicial se admite en cualquier momento del proceso, incluida la ejecución.



- Se exceptúa de la conciliación o mediación previa, además de los ya existentes, los procesos de anulación de laudos arbitrales, los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, mediaciones y transaciones (artículo 64.1).



- Nueva modalidad procesal: impugnación del acuerdo de conciliación o de mediación. Ante el órgano al que hubiera correspondido el conocimiento del asunto objeto de mediación o conciliación (artículo 67).



- El acuerdo de conciliación o de mediación y los laudos arbitrales firmes tienen fuerza ejecutiva (artículo 68).



- Se mencionan los procesos que exijan otra forma de agotamiento de la vía administrativa distinta de la reclamación previa, en concreto, la interposición del recurso de alzada o de reposición (artículos 69 a 73), dejando abiertas ambas posibilidades. En materia de derechos y libertades fundamentales, la regla general es no exigirse el agotamiento de la vía administrativa (artículo 70.2). En materia de Seguridad Social se mantiene la doble vía de reclamación previa u otras formas de agotamiento de la vía administrativa en sentido amplio (artículos 71 y 140).




NOVEDADES RESPECTO A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN



Se prevén recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación, decretos y sentencias.



Reconocimiento de legitimación para recurrir a la parte favorecida por el fallo.



Regulación de un trámite de impugnación eventual de la sentencia por parte de la recurrida, cuando pretenda alegar otros fundamentos distintos de los aplicados por la recurrente (artículo 197).



Recurso de suplicación:



- Se actualizan cuantías a efectos de procedencia o no del recurso (artículo 192).



- Se generaliza el acceso a la suplicación en supuestos de cierre anticipado del proceso, situación que, al carecer hasta ahora de recurso, ha dado lugar a un excesivo número de recursos de amparo, siempre que se haya formulado protesta en tiempo y forma y se haya causado indefensión (artículo 191).



Recurso de casación:



- La interposición e impugnación del recurso ante el tribunal autor de la sentencia recurrida, remitiendo al Supremo el recurso ya tramitado sin previo emplazamiento ante el mismo (artículos 210 a 212).



Recurso de casación para la unificación de doctrina



- Se amplía el ámbito del recurso. Se faculta al Ministerio Fiscal para su planteamiento a instancia de asociaciones empresariales o sindicales y entidades públicas, en defensa de la legalidad y sin necesidad de que concurra el presupuesto de contradicción de sentencias (artículo 219.3).




NOVEDADES EN MATERIA DE EJECUCIÓN



- Adaptación a las particularidades de la nueva Oficina judicial y atribución de competencias específicas a los secretarios judiciales. y atribución de competencias específicas a los secretarios judiciales.



- Se equiparan a efectos de ejecución los títulos ejecutivos laborales tanto constituidos con intervención judicial como sin ella (artículo 237).



- Se prevé la posibilidad de extensión de la ejecución de determinadas sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo, comprendiendo la ejecución individualizada de los pronunciamientos cuando puedan determinarse los afectados y la posibilidad de transacción en la ejecución (artículo 247).



- También resalta la previsión expresa de la aplicación subsidiaria de la regulación procesal civil sobre condenas de futuro y la posibilidad de alcanzar acuerdos transaccionales de ejecución.




SE ENCOMIENDA AL GOBIERNO ......



- La aprobación, en un plazo de seis meses desde su entrada en vigor, de un sistema de valoración de daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, mediante un sistema específico de baremo de indemnizaciones, actualizables anualmente, para la compensación objetiva de dichos daños en tanto las víctimas o sus beneficiarios no acrediten daños superiores (DF 5ª).



- La presentación de un proyecto de ley en el plazo de tres años, teniendo en cuenta la incidencia de las distintas fases de aplicación de la Ley de Dependencia, así como la determinación de las medidas y medios adecuados para lograr una ágil respuesta en estas materias (DF 7ª).




DEROGACIONES Y MODIFICACIONES



Deroga: RDLeg 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.



Modifica:



- Estatuto de los trabajadores: modifica la DA 17.ª (Discrepancias en materia de conciliación).



- Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo: añade el artículo 11.bis (Reconocimiento de la condición del trabajador autónomo económicamente dependiente), modifica los artículos 12 (Contrato) y 17 (Competencia jurisdiccional).




SUPLETORIEDAD Y ENTRADA EN VIGOR



Supletoria: LEC y LJCA.



Entrada en vigor: a los dos meses de su publicación en el BOE.



- Excepciones: la atribución competencial de impugnación de los actos administrativos dictados en materia laboral y de Seguridad Social respecto a la Promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia [entrará en vigor cuando así lo establezca la Ley, cuyo proyecto debe remitir el Gobierno en el plazo de tres años (DF 7.ª)].